Esta mañana leíamos en la web de Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) que las pérdidas derivadas del cierre de bares y restaurantes durante el primer fin de semana desde que se aprobaron las medidas del Govern ascienden nada más y nada menos que a 315 M de euros.

Durante la primavera de 2020, el Ministerio del Interior elaboró una Guía cuya finalidad era orientar y graduar las sanciones para que hubiera cierta homogeneidad. Dichas sanciones se imponen en virtud de la conocida como Ley Mordaza (art. 363.6) con multas de hasta 10.400€ si se trata de fiestas o celebraciones con riesgo elevado de contagio (por número de personas u otras circunstancias).

Por otro lado, muchas comunidades cuentan con su propia normativa en esta materia. Algunas ya existían con anterioridad a la Covid19 y otras se crearon a propósito de ella. En Catalunya en concreto, se sancionan las fiestas con «aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de medidas sanitarias de prevención». Tales sanciones pueden ser de entre 3.001 y 600.000 euros. 

Actualización de fiestas ilegales

La madrugada del 10 de abril, la Guardia Urbana sancionó a 380 personas que se habían saltado el toque de queda, y desalojó a otras 333 de la calle.

Sólo el primer fin de semana de mayo, la Guardia Urbana de Barcelona dasalojó a un total de 1.199 personas entre botellones callejeros y fiestas ilegales. A su vez, los Mosso d’Esquadra denunciaron a otras 30 personas que se encontraban en una fiesta en Sant Feliu de Llobregat.